Monday, August 14, 2017

Municiones estadounidenses utilizadas durante represión violenta del Paro Cívico en Buenaventura, Colombia

Dígale a su miembro del Congreso que, de acuerdo con la Ley de Leahy, suspenda inmediatamente la ayuda, incluidas las municiones, a la unidad antidisturbios de la ESMAD de la Policía Nacional Colombiana.
Acción Permanente por la Paz está seriamente perturbada por el uso de municiones estadounidenses -específicamente los gases lacrimógenos y las balas de goma- en la violenta represión estatal del Paro Cívico en la ciudad de Buenaventura. El puerto afro-colombiano históricamente ha sido abandonado, empobrecido y asolado por el conflicto.
El martes 16 de mayo de 2017, aproximadamente 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo la figura del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro cívico indefinido en Buenaventura. El viernes 19 de mayo, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) atacaron un bloqueo pacífico, utilizando gas lacrimógeno, helicópteros, bombas aturdidoras y balas de goma contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Trágicamente, el martes 30 de mayo, nuestra organización acompañada colombiana, La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  también nos informó que en el contexto de esta intensa represión, dos residentes de Buenaventura fueron asesinados por el grupo paramilitar Gaitanista. Y al menos seis personas han sido reportadas heridas desde que el ESMAD comenzó a disparar contra civiles con armas de fuego, comenzando en la madrugada del miércoles 31 de mayo.
Después de los ataques del 19 de mayo, Acción Permanente por la Paz pidió a los funcionarios
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la dirección del Congreso que presionaran al gobierno colombiano para que lograra una solución pacífica a los auténticos problemas planteados por el paro cívico. Desafortunadamente, a medida que la violenta represión estatal ha continuado, el gobierno colombiano ha negado repetidamente la solicitud del Comité Cívico de declarar una emergencia económica, social y ecológica. Y los informes han proliferado sobre el l ESMAD usando fuerza indebida, incluyendo el uso de los gases lacrimógenos y las balas de goma, contra la comunidad afro-colombiana que protestaba pacíficamente en las calles, así como contra miembros de la comunidad (niños entre ellos) en sus hogares. Lamentablemente, esta represión violenta se utiliza efectivamente para facilitar la continuación de los intereses de empresas privadas quienes benefician del uso del puerto. ¡Dígale al Congreso que esto debe parar!
Fotos de las latas de gas lacrimógeno recogidas de estos ataques muestran que están inscritas con la insignia de la línea de sistemas combinados tácticos (CTS) de la compañía estadounidense de productos de seguridad Combined Systems, Inc. (CSI).
Las protestas en desarrollo en el puerto afro-colombiano de Buenaventura subrayan que la ayuda de los Estados Unidos al ESMAD está directamente en conflicto con los $20 millones de dólares asignados bajo el Fondo de Apoyo Económico para el año fiscal 2017, el cual el Congreso ordenó distribuir a las comunidades afro-colombianas e indígenas. La ayuda estadounidense sería mejor empleada para atender las demandas de las manifestaciones, en lugar de reprimirlas.
A pesar de la represión por parte del Estado colombiano, las manifestaciones de unidad de la comunidad han continuado, y las conversaciones han avanzado entre el Comité del Paro Cívico y los representantes del gobierno. El 29 de mayo, los negociadores acordaron crear un fondo especial para ayudar a resolver los problemas sociales, ambientales y económicos dentro de la región. Pero la represión debe detenerse para que se realice un progreso real.
Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que arriesgan sus vidas para defender a sus comunidades y regiones: ¡dígale a su representante que deje de ayudar al ESMAD represivo ya!
En solidaridad,
Acción Permanente por la Paz 

US Munitions Used in Violent Repression of Ongoing Strikes in Buenaventura, Colombia

Witness for Peace is gravely concerned about the use of US munitions--specifically teargas and rubber bullets--in the violent state repression of the ongoing general strike (Civic Strike) in the historically abandoned, impoverished, and conflict-ravaged Afro-Colombian port city of Buenaventura.
On Tuesday, May 16th, 2017, approximately 89 civil society organizations, joined together under the umbrella of the Civic Strike Committee (Comité del Paro Cívico), began an indefinite general strike in Buenaventura. On Friday, May 19th, the National Police and Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) attacked a peaceful blockade, using teargas, helicopters, stun bombs, and rubber bullets against children, pregnant women, young people, and elderly individuals. Tragically, on Tuesday, May 30th, our Colombian partner organization The Inter-Church Justice and Peace Commission also reported that, in the context of this intense repression, two residents of Buenaventura were murdered by the Gaitanista paramilitary group. And at least six people have been reported injured since ESMAD reportedly began shooting at civilians with firearms, beginning in the early morning on Wednesday, May 31st.
Following the May 19th attacks, Witness for Peace called on officials within the US State Department and congressional leadership to pressure the Colombian government to reach a peaceful solution to the genuine problems raised by the Strike.
Unfortunately, though, as violent State repression has continued, the Colombian government has repeatedly denied the Civic Strike Committee’s request to declare an economic, social, and ecological emergency. And reports have proliferated of ESMAD using undue force, including teargas and rubber bullets, against the Afro-Colombian community peacefully demonstrating in the streets, as well as against community members (children among them) in their homes. Sadly, this violent repression is effectively being used to facilitate the continuation of private interests profiting by use of the port. Tell Congress this must stop!
Photos of tear gas canisters collected from these attacks show that they're inscribed with the insignia of the Combined Tactical Systems (CTS) line of US security products company Combined Systems, Inc. (CSI). (*Scroll below the signature for more on CSI, as well as US arm sales and security aid to Colombia.)
Ongoing protests in the Afro-Colombian port of Buenaventura underscore that US aid to ESMAD directly conflicts with the $20 million allocated under the Economic Support Fund for FY 2017, that Congress mandated assist Afro-Colombian and Indigenous communities. US aid would be better spent addressing the demands of the demonstrations, instead of repressing them.
In spite of the repression by the Colombian State, demonstrations of community unity have continued, and talks have moved forward between the Civic Strike Committee and government representatives. On May 29th, negotiators agreed to create a special fund to help address the social, environmental, and economic problems within the region. But the repression must stop for any real progress to be made.
We are in solidarity with our Colombian partners who put their lives on the line in defense of their communities and regions: tell your representative to stop aid to the repressive ESMAD now!
In solidarity,
Witness for Peace

Sunday, May 28, 2017

Acción Urgente y Denuncia de APP Sobre Respuesta Violenta del Estado Contra el Paro Civico en Buenaventura, Colombia


Graphic from the Civic Strike reading: "Buenaventura and Chocó demand solution, not repression."

Acción Permanente Por la Paz está profundamente preocupado por la respuesta del gobierno colombiano al paro general en la ciudad portuaria Afrocolombiana de Buenaventura y la región del Pacífico. El martes 16 de mayo de 2017, 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo el paraguas del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro general indefinida en Buenaventura, planeada con bastante antelación. Esta huelga general también está sucediendo en el departamento de Chocó.


Buenaventura y el Pacífico colombiano han sido áreas históricamente abandonadas y victimizadas por el estado colombiano durante todo el conflicto armado. La mayoría de la población ha sido y sigue siendo víctima de desplazamiento forzado, y se estima que el 80,6% de la población de Buenaventura vive en la pobreza.

Los organizadores del paro están pidiendo que el gobierno colombiano declare una emergencia económica, social y ecológica en virtud del artículo 215 de la Constitución colombiana. Han exigido lo siguiente: 1) Aumento de la cobertura de atención médica (tratamiento médico preventivo, avanzado y medicina tradicional); 2) Recuperación y conservación de ecosistemas degradados; 3) Aumento del gasto en educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad; 4) Apoyo gubernamental para actividades culturales y recreativas; 5) Saneamiento básico e infraestructura, y el funcionamiento público y comunitario de los servicios públicos; 6) Acceso a la justicia y reparación de las víctimas individuales y colectivas; 7) Planificación urbana y vivienda nueva; Y 8) Fortalecimiento de la producción regional, junto con medidas económicas, judiciales y políticas que generen empleos dignos y salarios. Todo esto se puede encontrar en la página Facebook del Comité del Paro Cívico.

Mientras que la huelga general en Buenaventura ha sido bien organizada y en general pacífica, los movimientos sociales locales y también el senador colombiano Alexander López, recientemente denunciaron la conducta violenta y provocativa de la Policía Nacional y el Escuadrón Anti-Riot Móvil (ESMAD) el 19 de mayo. Cuando la ESMAD fue ordenada a despejar un bloqueo pacífico, utilizaron gases, helicópteros, bombas aturdidoras, tanques y armas de fuego contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Hay reportes de bebés muertos por los gases, y también informes de pescadores artesanales amenazados por el grupo paramilitar gaitanista por su participación en el paro. Muchos informes nacionales de prensa se han centrado en algunos casos de saqueo, mientras que no han discutido las demandas de los organizadores del paro y la tremenda organización que se requirió en la planificación y el mantenimiento de las protestas.


Acción Permanente por la Paz apoya las demandas de nuestras organizaciones socias, y también demandamos que el gobierno de Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia contacten al gobierno colombiano y exijan que:

· Los ciudadanos de Buenaventura y de todos los departamentos del Pacífico colombiano puedan ejercer su derecho a protestar libremente y con seguridad

· Las amenazas y los ataques contra los organizadores de la huelga y los participantes, particularmente de los grupos paramilitares, se tomen serio y se investiguen a fondo

· El diálogo del gobierno colombiano con los organizadores de la huelga para considerar seriamente sus demandas y cumplir en forma oportuna cualquier acuerdo concertado

Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que ponen sus vidas en la línea en defensa de sus comunidades y regiones: por favor, pida al Departamento de Estado y al liderazgo pertinente del Congreso que haga las anteriores demandas al gobierno colombiano.

En solidaridad,

Acción Permanente por la Paz

WFP Urgent Action and Condemnation of Violent State Response to General Strike in Buenaventura, Colombia

Graphic from the Civic Strike reading: "Buenaventura and Chocó demand solution, not repression."
Witness for Peace is gravely concerned about the Colombian government’s response to the ongoing general strike currently taking place in the Afro-Colombian port city of Buenaventura and the Pacific region. On Tuesday, May 16th, 2017, 89 civil society organizations, joined together under the umbrella of the Civil Strike Committee (Comité del Paro Cívico), began an indefinite general strike in Buenaventura, planned well in advance. This ongoing general strikeis also taking place in the department of Chocó.
Buenaventura and the Colombian Pacific have been areas historically abandoned and victimized by the Colombian State throughout the duration of the armed conflict. A majority of the population have been and continue to be victims of forced displacement, and an estimated 80.6 percent of Buenaventura population's lives in poverty.
Strike organizers are calling for the Colombian government to declare an economic, social, and ecological emergency under article 215 of the Colombian Constitution. They've demanded the following: 1) Increased healthcare coverage (preventive, advanced medical treatment, and traditional medicine); 2) Recovery and conservation of degraded ecosystems; 3) Increased education spending at all levels, from elementary to university; 4) Government support for cultural and recreational activities; 5) Basic sanitation and infrastructure, and the public and community operation of public services; 6) Access to justice and reparations for individual and collective victims; 7) Urban planning and new housing; and 8) Strengthening of regional production, along with economic, judicial, and political measures that create dignified jobs and salaries. All of this can be found on the Comité del Paro Cívico’s Facebook page.
While the general strike in Buenaventura has been highly organized and mostly peaceful, local social movements, as well as Colombian Senator Alexander López, recently denounced the violent and provocative conduct of the National Police and the Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) on Friday, May 19th. When the ESMAD was ordered to clear a peaceful blockade, they used gases, helicopters, stun bombs, tanks, and firearms against children, pregnant women, young people, and elderly individuals. There are reports of babies dying due to the gases, and also reports of artisanal fishers being threatened by the Gaitanista paramilitary group for their participation in the strike. Many national media reports have focused on some instances of looting, while failing to discuss the strike organizers’ demands and the tremendous organization that went into planning and maintaining the protests.
Witness for Peace supports our partner organizations’ demands, including that the US government and US Embassy in Colombia contact the Colombian government and demand that:
·       Citizens in Buenaventura and in all departments of the Colombian Pacific be able to exercise their right to freely and safely protest
·       Threats and attacks against strike organizers and participants, particularly from paramilitary groups, be taken seriously and thoroughly investigated
·       The Colombian government dialogue with the strike organizers to seriously consider their demands and follow through in a timely manner on any agreements made
We are in solidarity with our Colombian partners who put their lives on the line in defense of their communities and regions: please tell the State Department and pertinent congressional leadership to make the above demands to the Colombian government.
In solidarity,
Witness for Peace

Wednesday, April 5, 2017

Conectando los pueblos a través de las fronteras: Aquí y allá, la resistencia seguirá

Por Anita Kline, delegada de APP en Colombia en diciembre del 2016
“¡Cuéntame de tu viaje a Colombia!” Los líderes de nuestra delegación de Acción Permanente por la Paz (APP) me habían preparado para este momento. Había entendido que el descubrimiento de las conexiones a través de las fronteras internacionales es un eje fundamental para el trabajo de APP, pero sólo después de volver a casa, pude empezar a entender que esta tarea se ha vuelto más urgente desde que la cortina subió para destapar la ópera trágica, xenofóbica y militarista que se está dando en Washington. Y sólo después de presenciar el resurgimiento de la acción política progresista en los Estados Unidos, pude ver que, paradójicamente, la cortina cruel de fuego que estamos enfrentando por parte de Donald Trump y sus actores secundarios nos presenta con una oportunidad para desarrollar este trabajo en un contexto nuevo y prometedor.
Fotos tomadas por Mónica Hurtado, Marianna Tzabiras y Anita Kline. El video fue recopilado por Lisa Taylor. La música es por parte de la comunidad de Caño Manso en Urabá, y la canción se llama "El Vendaval."
Nuestros ciudadanos vecinos y ciudadanas vecinas se están despertando. Se están involucrando en la vida cívica, saliendo a marchar en las calles, lanzándose para cargos políticos con plataformas progresistas. Están uniendo los esfuerzos para formar un movimiento de movimientos a través del cual las y los ciudadanos politizados aprenden de su propia experiencia sobre la explotación y la resistencia. Los y las activistas que están luchando por promover la paz y la justicia en el ámbito internacional ahora tienen una oportunidad para poder expandir y profundizar esta educación. A medida que los millones de ciudadanos y ciudadanas ven lo que está pasando en Washington, también pueden ampliar su perspectiva para entender las similitudes entre Washington y el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica.
Me apunté temprano en el año 2016 para ir a Colombia con una delegación de Acción Permanente por la Paz, meses antes de que eligieran a Donald Trump, y más o menos al mismo tiempo cuando firmaron los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. Un año después, la administración de Trump ya está bien avanzada en el camino para deshacer las instituciones democráticas y protecciones ganadas después de décadas de lucha masiva en los EE.UU. y en todo el mundo.  En Colombia, están tomando los primeros pasos para implementar los términos del acuerdo de paz, mientras la violencia reaccionaria – dirigida especialmente a los y las trabajadores de derechos humanos, las y los afrocolombianos, indígenas y mujeres activistas – sigue sin cesar, presentando la amenaza de que la posibilidad de paz podría volverse un genocidio.
Durante los diez días de nuestra delegación (del 1 al 10 de diciembre, 2016) en Medellín, Urabá y Bogotá, nos dieron el gran privilegio de poder escuchar muchas historias – sobre la gente que defiende los derechos humanos, las mujeres que luchan por la paz, la gente campesina que lucha por el derecho a la tierra. Estas historias de represión y resistencia en Colombia se reflejan en nuestras historias aquí en casa y pueden servir para inspirar y fortalecer nuestro movimiento. Aquí van varios ejemplos de lo que presenciamos en nuestra delegación: “Movimientos Liderados por Mujeres y Enfocados en los y las Víctimas/Sobrevivientes para la Sanación, la Paz y la Justicia.”
Foto: Anita Kline
1. Los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC son un paso grande para adelante. Pero como ya se ha demostrado por el aumento de asesinatos de los y las trabajadores de derechos humanos, sólo es el principio de una paz real con justicia. Como reportó recientemente Amnistía Internacional, “En amplias zonas de Colombia, el conflicto armado dista mucho de haber finalizado. A menos que las autoridades brinden protección urgente a estas comunidades, podrían perderse muchas vidas.”
En encuentros formales e informales con las y los acompañados de APP en Colombia, aprendimos que el apoyo internacional es esencial durante este proceso de implementación. Hay que prestar atención especial al monitoreo de las provisiones que garantizan protección e igualdad de tratamiento bajo la ley para los y las más vulnerables – las comunidades afrodescendientes e indígenas, las mujeres y la gente que se identifica como LGBT. Bajo la administración de Obama, el Congreso estadounidense logró un apoyo bipartito para apoyar el acuerdo de paz. Sin embargo, la administración de Trump expresó sus intenciones al estar "evaluando los detalles ... y determinando si es posible que los Estados Unidos pueda seguir apoyando [el acuerdo]."
Trump ya ha demostrado su preferencia clara por las “soluciones” militares mientras deja de priorizar la diplomacia y el respeto por los derechos humanos cuando se trata de la política estadounidense hacia el exterior.  Estas son señales ominosas que el “Hacer que América Sea Grande Nuevamente” podría significar un retraso a los días cuando las dictaduras en Latinoamérica eran apoyadas por los Estados Unidos, cuando APP empezó a organizar delegaciones para visibilizar los ataques violentos por parte de los gobiernos de la derecha contra su propia gente.
Los ojos del mundo están sobre los presidentes Trump y Santos y la oportunidad histórica que Colombia pueda hacer una paz en un mundo enredado en la guerra. Nuestra resistencia aquí tiene que incluir la exigencia que el gobierno estadounidense siga apoyando los acuerdos de paz de palabra y hecho – dando una ayuda monetaria ya prometida para la implementación del acuerdo y también oponiendose a cualquier plan que quiera apoyar la ayuda militar.
2. La restitución de tierras se encuentra en el corazón de la lucha por la justicia en Colombia, dónde el 52 por ciento de las fincas están en las manos de sólo 1,15 por ciento de terratenientes. Esto representa, según Oxfam, la distribución de tierras más desigual en toda Latinoamérica y una de las distribuciones más desiguales en todo el mundo.
Nuestra delegación viajó a la región remota de Urabá, a los departamentos de Antioquia y Chocó, una región caliente, húmeda y lluviosa donde hay cultivos de plátano y ganadería.  Nos reunimos con personas viviendo en cuatro Zonas Humanitarias y Biodiversas, donde las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizas trabajan su tierra en una manera colectiva y viven en comunidades seguras protegidas por sanciones legales, y las armas están prohibidas.
Foto: Anita Kline
De esta gente generosa y acogedora, escuchamos historias conmovedoras, casi todas tratando el tema de desplazamiento, un fenómeno amplio en el país que ha dado a Colombia la fama de tener una de las poblaciones desplazadas más grandes en el mundo. Las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas representan el 10 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente, de los 7,4 millones de personas desplazadas en Colombia. Estas comunidades han luchado por y han ganado reconocimiento legal como víctimas especiales del “conflicto,” el término que utilizan para hablar de más de 50 años de guerra.  Pero a pesar de varias leyes que garantizan su seguridad y su derecho a la tierra, y a pesar del nuevo acuerdo de paz, la gente del campo sigue enfrentándose con violencia, amenazas y el abuso del poder judicial por parte de las elites de terratenientes, incluyendo las que tienen vínculos con corporaciones estadounidenses como Chiquita Banana. Sin duda, su propia supervivencia está en peligro.
A primera vista, la lucha por la tierra en un país agrario que sigue en desarrollo como Colombia puede parecer muy lejos de la lucha en los Estados Unidos, un país altamente industrializado. Pero aquí también, vemos una conciencia creciente sobre asuntos del uso de la tierra, la seguridad alimentaria y de agua y los derechos de los tratados. Nosotros y nosotras también estamos luchando contra la profanación de la tierra por parte de la agroindustria y las industrias extractivas, y estamos luchando por los derechos de los y las trabajadores en estas industrias. Como parte del movimiento global por la justicia climática, nosotros y nosotras estamos luchando por defender los tratados y por las practicas equitativas y sostenibles, como lo han evidenciado los encuentros de miles de personas en Standing Rock para proteger el agua y los tratados sobre derechos indígenas contra la amenaza de la industria de los combustibles fósiles.
Como educadores y activistas, nosotros y nosotras podemos hacer que estas conexiones sean claras. Podemos exigir que la ayuda estadounidense continúe y que sea condicionada por la implementación de los derechos de la población pobre y desplazada en el campo. Podemos usar nuestra resistencia como ejemplo de la lucha mundial contra los y las que no quieren defender a la Madre Tierra, sino que la quieren explotar por ganancia propia. Podemos juntar nuestras propias exigencias por un mundo pacifico con las exigencias por una Colombia en paz.
3. Como en los EE.UU. y en todo el mundo, las mujeres en Colombia están jugando un papel de liderazgo en la lucha por la paz y contra todo tipo de violencia. Nuestra delegación se reunió con mujeres de dos organizaciones nacionales – la Red Feminista Antimilitarista y la Ruta Pacifica de Mujeres – y con Pilar Rueda, quien llevaba su conocimiento avanzado de la cultura de violencia sexual para educar a las y los delegados presentes en la mesa de La Habana. También escuchamos de mujeres líderes en el campo cuyas propias vidas demuestran el papel especial de las mujeres para transformar una sociedad profundamente herida por la guerra y la cultura de desconocer la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.  A causa de su trabajo inspirador, las colombianas recibieron una invitación especial para participar en las negociaciones de paz en Cuba – al lado de otros y otras que representaban víctimas especiales del conflicto – y sus exigencias están reflejadas en el acuerdo final.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, las voces de las mujeres siguen creciendo cada vez más fuertes para enfrentarse con Trump y su agenda misógina, homofóbica y racista. Se puede encontrar ejemplos notables en el movimiento Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter), la Marcha de Mujeres pos-inauguración en Washington y las movilizaciones constantes contra las deportaciones y otros ataques sancionados por la policía contra las personas de color en comunidades costa a costa. Las giras de conferencias de Acción Permanente por la Paz, que han tenido mujeres colombianas líderes como invitadas en el 2016 y ahora en el 2017, son oportunidades importantes para que compartamos aprendizajes, especialmente porque nuestras hermanas colombianas han estado luchando en un contexto de violencia extrema y con el tipo de persistencia a largo plazo y coraje que probablemente vamos a necesitar aquí para seguir adelante.
4. Finalmente, como en todo lado en el mundo, las y los colombianos no sólo dicen “No” a la violencia, la guerra y la injusticia, sino que también dicen “Sí” a las nuevas maneras de convivir en comunidades prosperas y pacíficas. Sorprendentemente, la ley colombiana en sí promueve la participación activa de víctimas en el proceso de la implementación de los acuerdos de paz para construir una sociedad más justa. Además, reconoce que la participación del pueblo inevitablemente construirá un sentido más fuerte de poder y confianza.
Al lado de los y las organizadores de comunidades, educadores y trabajadores de derechos humanos, los y las trabajadores culturales juegan un papel importante para construir estas nuevas relaciones entre el pueblo colombiano. A toda parte donde íbamos, sea en la ciudad o en el campo, los y las artistas y artesanos contaban historias usando murales maravillosos, posters e instalaciones de arte. Tejen las tradiciones en telas. El amor se pinta en grafiti en las paredes de la ciudad. Los y las representantes de Caño Manso, una comunidad en Urabá, nos contaron con orgullo sobre su desplazamiento y su resistencia ante las elites terratenientes y las empresas ganaderas. Ampliaron y compartieron su historia cuando la volvieron una canción, una balada que se llama “El Vendaval,” grabada en un CD, “Voces de Paz.”
Durante una visita a un museo maravilloso en Medellín, la Casa de la Memoria, pregunté a un estudiante universitario sobre la historia del conflicto. Con paciencia me corrigió, explicándome que el museo no se trata de la historia sino de la memoria. “La historia,” me dijo, “es el trabajo de historiadores, académicos. Nuestras exhibiciones tienen como base las propias experiencias de la gente, cómo las víctimas con sus perspectivas diferentes, sentían los años de violencia y guerra.” De hecho, las exhibiciones de la Casa, cuidadosamente construidas, revelan los años de conflicto a través de las propias palabras de los y las víctimas y sus experiencias. Y posiblemente más importante aún para la sanación de Colombia, revelan la visión de cada persona sobre una vida de paz.
Foto: Anita Kline
En los Estados Unidos también, el pueblo está luchando con esperanza renovada, no sólo para hacer cambio sino para “ser el cambio” también. Encarnamos la paz mientras luchamos contra la guerra. Sacamos banderas coloradas exigiendo que “¡Se queda en la tierra!” mientras bailamos para proteger el agua y la tierra. Estamos haciendo una resurrección del movimiento santuario mientras los y las inmigrantes y los y las que buscan asilo son amenazados con deportaciones masivas. Luchamos, frente a las mentiras y el matoneo, por contar la verdad en lenguaje que es tanto compasivo como fuerte. 
Podemos buscar en Colombia la inspiración para este trabajo de construir comunidad, enlazándonos mano a mano con nuestras y nuestros amigos colombianos y la gente en toda parte. Gracias a los y las que luchan a través de las fronteras, gracias a organizaciones como Acción Permanente por la Paz, podemos imaginar más fácilmente que todos y todas seamos parte de una gran red interdependiente donde podamos encontrarnos y trabajar por un mejor mundo.

 


Saturday, March 25, 2017

Connecting the Dots Across Borders: Here and There, Resistance Everywhere

By Anita Kline, WFP delegate to Colombia in December 2016

“Tell me about your trip to Colombia!” The leaders of our Witness for Peace delegation had prepared me for this moment. I understood that uncovering connections across international borders is a critical aspect of the work of WFP. But only after coming home, did I understand that this task has taken on new urgency since the curtain went up on the xenophobic and militaristic tragic opera currently playing in Washington. And only after witnessing the resurgence of progressive political action in the U.S. did I see that, paradoxically, the barrage of cruelty we face from Donald Trump and his cast of supporting characters presents an opportunity to do this work in a new and promising context. 


Photo credit: Mónica Hurtado, Marianna Tzabiras, and Anita Kline. Slideshow video compiled by Lisa Taylor. Music credit to community of Caño Manso in Urabá for their song, "El Vendaval."
Our fellow citizens are waking up. They’re getting involved in civic life, marching in the streets, running for office on progressive platforms. They’re coalescing into a movement of movements through which newly politicized citizens are learning through their own experience about exploitation and resistance. Activists working to promote peace and justice internationally have an opportunity to expand and deepen this education. As millions suddenly see what’s happening in Washington, they can also broaden their perspective to connect the dots between Washington and the rest of the world, including Latin America.   

I signed up to go to Colombia with Witness for Peace early in 2016, months before the election of Donald Trump and the more or less simultaneous signing of Peace Accords with the FARC in Colombia. A year later, the Trump administration is well on the way to undoing democratic institutions and protections won over decades of mass struggle in the U.S. and around the world. In Colombia, first steps are being taken toward implementing the terms of the Peace Accords, while reactionary violence—directed especially at human rights workers, Afro-Colombians and indigenous and women activists—continues unabated, threatening to turn the possibility of peace into a genocide.
During our delegation’s 10 days (Dec. 1-10, 2016) in Medellin, Urabá, and Bogotá, we were privileged to listen to many stories—of people standing up for human rights, of women striving for peace, of campesinos fighting for land rights. These stories of repression and resistance in Colombia are reflected in our own stories here at home and can serve to inspire and strengthen our movement. Here are a few examples, witnessed by our delegation “Women-Led and Survivor-Centered Movements for Healing, Peace and Justice.” 


Photo credit: Anita Kline
1. The Peace Accords between the Colombian government and the FARC are a big step forward. But as has already been shown by the increased killings of human rights workers, it is only the beginning of real peace with justice. As Amnesty International recently reported: “In large swathes of Colombia, the armed conflict is far from over. Unless the authorities offer urgent protection to these communities, many lives could be lost.” 
In formal and informal encounters with WFP’s Colombian partners, we learned that international support is crucial during this implementation process. Special attention must be paid to monitoring the provisions under which the most vulnerable—indigenous and Afro-Colombian communities, women and LGBT people—are guaranteed protection and equal treatment under the law. Under Obama, the U.S. Congress reached bi-partisan agreement to support the peace plan. The Trump administration’s stated intentions, however, are to “review the details. . .and determine the extent to which the United States should continue to support [the Accord].”
Trump has already shown a clear preference for military “solutions” while putting diplomacy and respect for human rights on the back burner of U.S. foreign policy. These are ominous signs that “Making America Great Again” could mean going back to the days of U.S.-backed dictatorships in Latin America, when WFP delegations were first organized to bear witness to violent attacks of right-wing governments against their own people.
The eyes of the world are focused on presidents Trump and Santos and Colombia’s historic opportunity to make peace in a world embroiled in wars. Our resistance here must include demands that the U.S. government continue to back the Peace Accords in word and deed—providing promised monetary aid for implementation of the agreement and opposing any plans to increase support for the military.
2. Land restitution is at the heart of the struggle for justice in Colombia where 52% of farms are in the hands of just 1.15% of landowners. This is, according to Oxfam, the most unequal land distribution in all Latin America and one of the most unequal in the world.
Our delegation traveled to the remote area of Urabá in the provinces of Antioquia and Chocó, a hot, humid, rainy region of plantain growing and cattle ranching. We met with people living in four Humanitarian and Biodiversity Zones, where Afro-Colombians, indigenous people, and mestizos work their land in common and live in legally-sanctioned safe communities, no arms allowed.  


Photo credit: Anita Kline
From these generous and welcoming people, we heard moving stories, all variations on the theme of displacement, a country-wide phenomenon that has resulted in Colombia having one of the largest displaced populations in the world. Afro-Colombian communities and indigenous people account for 10% and 3% respectively of the 7.4 million internally displaced persons in Colombia. These communities have fought for and won legal recognition as special victims of “el conflicto,” as the 50+ years of war is known. Yet, despite various law guaranteeing their safety and land rights, and despite the new peace agreement, people in the countryside continue to face violence, threats, and abuse of judicial power from landowner “elites,” including those tied to U.S. corporations such as Chiquita Banana. Indeed, their very survival is threatened.
At first glance, the struggle for land in a developing largely agrarian country like Colombia may seem remote from struggles in the highly industrialized United States. But here too, we see a growing awareness of land-use issues, food and water safety, and treaty rights. We too are fighting against desecration of the land by agribusiness and extractive industries and for the rights of workers in these industries.  As part of the global movement for climate justice, we too are fighting to uphold treaties, and for equitable and sustainable practices, as shown most notably by the gathering of thousands at Standing Rock to protect water and native treaty rights against threats of the fossil fuel industry.
As educators and activists, we can make these connections explicit. We can demand that U.S. foreign aid to Colombia continue and that it be made contingent on the implementation of the rights of the poor and displaced in rural areas. We can point to our resistance as part of the world-wide struggle against those who care nothing for the earth except as a source of profit.  We can link our own demands for a peaceful world to the demands for a peaceful Colombia.
3. As in the U.S. and around the world, Colombian women are playing a leading role in the struggle for peace and against all forms of violence. Our delegation met with amazing women from two national organizations—La Red Feminista Antimilitarista (The Feminist Antimilitarist Network) and La Ruta Pacífica (Women’s Peace Route)—and with Pilar Rueda, who brought her expertise in the culture of sexual violence to educate delegates at the peace talks in Cuba. We also heard from women leaders in the countryside whose very lives illustrate the special role of women in transforming a society deeply scarred by war and a culture of unacknowledged violence against women and children. Because of their inspiring work, Colombian women were given a seat at peace negotiations in Cuba—alongside others representing special victims of the conflict—and their demands are reflected in the Accords.


Photo credit: Anita Kline
In the U.S. too, women’s voices are growing ever stronger in the face of Trump and his misogynist, homophobic, racist agenda. Notable examples can be seen in the Black Lives Matter movement, the post-inauguration Women’s March on Washington, and the continuing community mobilizations against deportations and other state-sanctioned police attacks on people of color in communities from coast to coast. The Witness for Peace-sponsored speakers’ tours of Colombian women leaders in 2016 and 2017 are important opportunities to learn from each other, especially since our Colombian sisters have been fighting in the context of extreme violence and with the kind of long-term persistence and courage we are likely to need here going forward.
4.  Finally, as elsewhere in the world, Colombians are not only saying “No” to violence, war and injustice. They are also saying “Yes” to new ways of living together in prosperous and peaceful community.  Remarkably, Colombian law itself promotes the active participation of victims in the process of implementing the Peace Accords and building a more just society. Moreover, it recognizes that the people’s participation will inevitably build a stronger sense of power and confidence.
Along with community organizers, educators, and human rights workers, cultural workers play an important role in building these new relationships among the Colombian people. Everywhere we went, whether in the city or countryside, artists and artisans are telling stories in marvelous murals, posters, and art installations. Traditions are woven into cloth. Love is graffitied onto city walls. Representatives of Caño Manso, an Urabá community, proudly told us about their displacement and their ensuing resistance to land-owning elites and cattle ranchers.  They amplified and spread their story when it became the lyrics to a ballad “El Vendaval” and recorded on a CD “Voces de Paz”. 
On a visit to Medellin’s wonderful museum, Casa de la Memoria, I asked a university student about “la historia del conflicto.”  He patiently corrected me, explaining that the museum was not about history but about memory. “History," he said, “is the work of historians, academics. Our exhibits are based on how the people themselves, the victims with their different perspectives, experienced the years of violence and war.” Indeed the Casa’s carefully constructed exhibits ingeniously reveal the years of conflict in the victims’ own words and from their own experience. And perhaps most importantly for Colombia’s healing, revealed each person’s vision of a life of peace.


Photo credit: Anita Kline
In the U.S. as well, people are working with renewed hope not only to make change, but to “be the change” as well. We embody peace as we work against war. We fly colorful banners demanding “Keep it in the Ground!” as we dance to protect the water and the earth. We are resurrecting the sanctuary movement as immigrants and asylum seekers are threatened by massive deportations. We strive, in the face of lies and bullying, to tell the truth in language that’s kind as well as strong.
We can look to Colombia for inspiration in this community-building work as well, envisioning ourselves as connected to our Colombian friends and people everywhere. Thanks to those who witness across borders, thanks to organizations like Witness for Peace, we can more easily imagine all of us as nodes in an interdependent web where we meet and work together for a better world.