Monday, August 14, 2017

Municiones estadounidenses utilizadas durante represión violenta del Paro Cívico en Buenaventura, Colombia

Dígale a su miembro del Congreso que, de acuerdo con la Ley de Leahy, suspenda inmediatamente la ayuda, incluidas las municiones, a la unidad antidisturbios de la ESMAD de la Policía Nacional Colombiana.
Acción Permanente por la Paz está seriamente perturbada por el uso de municiones estadounidenses -específicamente los gases lacrimógenos y las balas de goma- en la violenta represión estatal del Paro Cívico en la ciudad de Buenaventura. El puerto afro-colombiano históricamente ha sido abandonado, empobrecido y asolado por el conflicto.
El martes 16 de mayo de 2017, aproximadamente 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo la figura del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro cívico indefinido en Buenaventura. El viernes 19 de mayo, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) atacaron un bloqueo pacífico, utilizando gas lacrimógeno, helicópteros, bombas aturdidoras y balas de goma contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Trágicamente, el martes 30 de mayo, nuestra organización acompañada colombiana, La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  también nos informó que en el contexto de esta intensa represión, dos residentes de Buenaventura fueron asesinados por el grupo paramilitar Gaitanista. Y al menos seis personas han sido reportadas heridas desde que el ESMAD comenzó a disparar contra civiles con armas de fuego, comenzando en la madrugada del miércoles 31 de mayo.
Después de los ataques del 19 de mayo, Acción Permanente por la Paz pidió a los funcionarios
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la dirección del Congreso que presionaran al gobierno colombiano para que lograra una solución pacífica a los auténticos problemas planteados por el paro cívico. Desafortunadamente, a medida que la violenta represión estatal ha continuado, el gobierno colombiano ha negado repetidamente la solicitud del Comité Cívico de declarar una emergencia económica, social y ecológica. Y los informes han proliferado sobre el l ESMAD usando fuerza indebida, incluyendo el uso de los gases lacrimógenos y las balas de goma, contra la comunidad afro-colombiana que protestaba pacíficamente en las calles, así como contra miembros de la comunidad (niños entre ellos) en sus hogares. Lamentablemente, esta represión violenta se utiliza efectivamente para facilitar la continuación de los intereses de empresas privadas quienes benefician del uso del puerto. ¡Dígale al Congreso que esto debe parar!
Fotos de las latas de gas lacrimógeno recogidas de estos ataques muestran que están inscritas con la insignia de la línea de sistemas combinados tácticos (CTS) de la compañía estadounidense de productos de seguridad Combined Systems, Inc. (CSI).
Las protestas en desarrollo en el puerto afro-colombiano de Buenaventura subrayan que la ayuda de los Estados Unidos al ESMAD está directamente en conflicto con los $20 millones de dólares asignados bajo el Fondo de Apoyo Económico para el año fiscal 2017, el cual el Congreso ordenó distribuir a las comunidades afro-colombianas e indígenas. La ayuda estadounidense sería mejor empleada para atender las demandas de las manifestaciones, en lugar de reprimirlas.
A pesar de la represión por parte del Estado colombiano, las manifestaciones de unidad de la comunidad han continuado, y las conversaciones han avanzado entre el Comité del Paro Cívico y los representantes del gobierno. El 29 de mayo, los negociadores acordaron crear un fondo especial para ayudar a resolver los problemas sociales, ambientales y económicos dentro de la región. Pero la represión debe detenerse para que se realice un progreso real.
Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que arriesgan sus vidas para defender a sus comunidades y regiones: ¡dígale a su representante que deje de ayudar al ESMAD represivo ya!
En solidaridad,
Acción Permanente por la Paz 

US Munitions Used in Violent Repression of Ongoing Strikes in Buenaventura, Colombia

Witness for Peace is gravely concerned about the use of US munitions--specifically teargas and rubber bullets--in the violent state repression of the ongoing general strike (Civic Strike) in the historically abandoned, impoverished, and conflict-ravaged Afro-Colombian port city of Buenaventura.
On Tuesday, May 16th, 2017, approximately 89 civil society organizations, joined together under the umbrella of the Civic Strike Committee (Comité del Paro Cívico), began an indefinite general strike in Buenaventura. On Friday, May 19th, the National Police and Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) attacked a peaceful blockade, using teargas, helicopters, stun bombs, and rubber bullets against children, pregnant women, young people, and elderly individuals. Tragically, on Tuesday, May 30th, our Colombian partner organization The Inter-Church Justice and Peace Commission also reported that, in the context of this intense repression, two residents of Buenaventura were murdered by the Gaitanista paramilitary group. And at least six people have been reported injured since ESMAD reportedly began shooting at civilians with firearms, beginning in the early morning on Wednesday, May 31st.
Following the May 19th attacks, Witness for Peace called on officials within the US State Department and congressional leadership to pressure the Colombian government to reach a peaceful solution to the genuine problems raised by the Strike.
Unfortunately, though, as violent State repression has continued, the Colombian government has repeatedly denied the Civic Strike Committee’s request to declare an economic, social, and ecological emergency. And reports have proliferated of ESMAD using undue force, including teargas and rubber bullets, against the Afro-Colombian community peacefully demonstrating in the streets, as well as against community members (children among them) in their homes. Sadly, this violent repression is effectively being used to facilitate the continuation of private interests profiting by use of the port. Tell Congress this must stop!
Photos of tear gas canisters collected from these attacks show that they're inscribed with the insignia of the Combined Tactical Systems (CTS) line of US security products company Combined Systems, Inc. (CSI). (*Scroll below the signature for more on CSI, as well as US arm sales and security aid to Colombia.)
Ongoing protests in the Afro-Colombian port of Buenaventura underscore that US aid to ESMAD directly conflicts with the $20 million allocated under the Economic Support Fund for FY 2017, that Congress mandated assist Afro-Colombian and Indigenous communities. US aid would be better spent addressing the demands of the demonstrations, instead of repressing them.
In spite of the repression by the Colombian State, demonstrations of community unity have continued, and talks have moved forward between the Civic Strike Committee and government representatives. On May 29th, negotiators agreed to create a special fund to help address the social, environmental, and economic problems within the region. But the repression must stop for any real progress to be made.
We are in solidarity with our Colombian partners who put their lives on the line in defense of their communities and regions: tell your representative to stop aid to the repressive ESMAD now!
In solidarity,
Witness for Peace

Sunday, May 28, 2017

Acción Urgente y Denuncia de APP Sobre Respuesta Violenta del Estado Contra el Paro Civico en Buenaventura, Colombia


Graphic from the Civic Strike reading: "Buenaventura and Chocó demand solution, not repression."

Acción Permanente Por la Paz está profundamente preocupado por la respuesta del gobierno colombiano al paro general en la ciudad portuaria Afrocolombiana de Buenaventura y la región del Pacífico. El martes 16 de mayo de 2017, 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo el paraguas del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro general indefinida en Buenaventura, planeada con bastante antelación. Esta huelga general también está sucediendo en el departamento de Chocó.


Buenaventura y el Pacífico colombiano han sido áreas históricamente abandonadas y victimizadas por el estado colombiano durante todo el conflicto armado. La mayoría de la población ha sido y sigue siendo víctima de desplazamiento forzado, y se estima que el 80,6% de la población de Buenaventura vive en la pobreza.

Los organizadores del paro están pidiendo que el gobierno colombiano declare una emergencia económica, social y ecológica en virtud del artículo 215 de la Constitución colombiana. Han exigido lo siguiente: 1) Aumento de la cobertura de atención médica (tratamiento médico preventivo, avanzado y medicina tradicional); 2) Recuperación y conservación de ecosistemas degradados; 3) Aumento del gasto en educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad; 4) Apoyo gubernamental para actividades culturales y recreativas; 5) Saneamiento básico e infraestructura, y el funcionamiento público y comunitario de los servicios públicos; 6) Acceso a la justicia y reparación de las víctimas individuales y colectivas; 7) Planificación urbana y vivienda nueva; Y 8) Fortalecimiento de la producción regional, junto con medidas económicas, judiciales y políticas que generen empleos dignos y salarios. Todo esto se puede encontrar en la página Facebook del Comité del Paro Cívico.

Mientras que la huelga general en Buenaventura ha sido bien organizada y en general pacífica, los movimientos sociales locales y también el senador colombiano Alexander López, recientemente denunciaron la conducta violenta y provocativa de la Policía Nacional y el Escuadrón Anti-Riot Móvil (ESMAD) el 19 de mayo. Cuando la ESMAD fue ordenada a despejar un bloqueo pacífico, utilizaron gases, helicópteros, bombas aturdidoras, tanques y armas de fuego contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Hay reportes de bebés muertos por los gases, y también informes de pescadores artesanales amenazados por el grupo paramilitar gaitanista por su participación en el paro. Muchos informes nacionales de prensa se han centrado en algunos casos de saqueo, mientras que no han discutido las demandas de los organizadores del paro y la tremenda organización que se requirió en la planificación y el mantenimiento de las protestas.


Acción Permanente por la Paz apoya las demandas de nuestras organizaciones socias, y también demandamos que el gobierno de Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia contacten al gobierno colombiano y exijan que:

· Los ciudadanos de Buenaventura y de todos los departamentos del Pacífico colombiano puedan ejercer su derecho a protestar libremente y con seguridad

· Las amenazas y los ataques contra los organizadores de la huelga y los participantes, particularmente de los grupos paramilitares, se tomen serio y se investiguen a fondo

· El diálogo del gobierno colombiano con los organizadores de la huelga para considerar seriamente sus demandas y cumplir en forma oportuna cualquier acuerdo concertado

Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que ponen sus vidas en la línea en defensa de sus comunidades y regiones: por favor, pida al Departamento de Estado y al liderazgo pertinente del Congreso que haga las anteriores demandas al gobierno colombiano.

En solidaridad,

Acción Permanente por la Paz