Friday, August 29, 2014

Otro Plan Colombia no es la solución a la crisis migratoria centroamericana

Julia Duranti, APP Colombia

Mientras el Congreso menos productivo en la historia de los EE.UU. se fue de vacaciones en agosto sin abordar la crisis de los niños refugiados en Centroamérica, hay otros que opinan sobre posibles soluciones. En un editorial de los Los Angeles Times del 5 de agosto, Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sugirió que los congresistas miraran hacía el sur, a Colombia, y que usaran el Plan Colombia (paquete de ayuda valorado en 8.000 millones de dólares)  como un modelo de asistencia estadounidense para los países del Triángulo Norteño: El Salvador, Guatemala y Honduras. El 18 de agosto, Daniel Runde del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales repitió este llamado en un blog para Foreign Policy.

Esta recomendación es errónea por una cantidad de razones. El Plan Colombia nunca tuvo la intención de ser un plan de desarrollo, sino una estrategia antinarcóticos y contrainsurgencia en una época en que la más grande insurgencia guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representaba una seria amenaza al estado colombiano. En ese momento, Colombia también era el mayor productor de cocaína destinada a los EE.UU. De acuerdo con la doctrina de erradicación desde el lado de la oferta, fomentada la Guerra anti Drogas, los políticos planteaban que podrían erradicar el problema de las drogas en los EE.UU mediante la eliminación de los cultivos de coca—que contienen el compuesto básico necesario para producir la cocaína—en lugar de reducir la demanda de cocaína.

Estaban equivocados. Aunque el cultivo de coca en Colombia se redujo inicialmente cuando el Plan Colombia entró en vigencia en el año 2000, desde entonces la producción se ha estabilizado alrededor de 48.000 hectáreas, y los cultivos de coca en los países andinos vecinos (Perú y Bolivia) se han incrementado. Casi 15 años después, la producción total de cocaína entre los tres países ha bajado, pero éste es un fenómeno complejo que también tiene que ver con cambios en la demanda, como la reducción del consumo de cocaína en los EE.UU (donde el consumo de la heroína está aumentando). Colombia sigue siendo el mayor proveedor de cocaína en los EE.UU, con el 95 por ciento del mercado. Grupos violentos siguen peleando por acceso a las rutas de tráfico y los laboratorios.

El equipo y entrenamiento militar brindados a las fuerzas públicas de Colombia como parte del Plan Colombia simplemente arrojó más leña al fuego en un conflicto por tierra y recursos naturales que lleva ya más de 50 años. Además de la guerrilla, este conflicto involucra a otros actores armados: los escuadrones de muerte paramilitares, los cuales el gobierno colombiano ahora denomina bandas criminales. El ejército colombiano tiene una larga e ilustre historia de colaboración con estos grupos para cometer algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la guerra, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y asalto sexual.

En una práctica especialmente macabra conocida como los falsos positivos, el ejército colombiano asesinó sistemáticamente a civiles inocentes y los vistió de guerrilleros para luego presentarlos como bajas, con el fin de ganar premios como bonos y vacaciones.  Vale mencionar que ésta práctica fue desarrollada como parte de la mentalidad de bajas promovida en el entrenamiento estadounidense. El gobierno colombiano ha abierto investigaciones en más de 5.000 casos de falsos positivos desde que el escándalo salió a la luz en el 2005.

Es cierto que los homicidios y el crimen violento han disminuido desde que comenzó el Plan Colombia, pero sólo porque el conflicto se ha desplazado hacia las regiones más rurales del país. Los asesinatos ahora son más enfocados y los actores armados ilegales utilizan cada vez más las amenazas y las desapariciones forzadas, las cuales son más difíciles de clasificar como hechos políticos. Los periodos de tranquilidad relativa en ciudades históricamente violentas como Medellín y Cali suelen ser más producto de la victoria de un grupo criminal que ejerce control total en la zona o de treguas entre bandas rivales, y no tanto de un mejor desempeño por parte de las fuerzas públicas, quienes continúan apoyando por lo menos tácitamente a las estructuras criminales en muchas regiones. Políticos de todo nivel, desde el local al nacional, se han visto implicados en estas estructuras narcoparamilitares.

Juntas, las agendas agresivas antinarcóticos y contrainsurgencia impulsadas por el Plan Colombia y financiadas por los contribuyentes estadounidenses han empeorado la crisis de los derechos humanos en Colombia en vez de solucionarla. La población de personas desplazadas internamente ya llega  a los 5,7 millones (segunda en el mundo, sólo después de Siria). Los EE.UU nunca se han visto inundados de refugiados colombianos, pero esto se deba a las barreras geográficas, no a que los refugiados no existan.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, otra estratégica de crecimiento muy promocionada, tampoco ha hecho mucho para mejorar la situación. La balanza comercial de Colombia con los EE.UU. se desplomó un 200 por ciento desde una superávit de $950 millones de dólares apenas el año pasado. Además, el crecimiento económico que Colombia ha percibido recientemente se limita a las industrias extractivas, las cuales  tienen impactos medioambientales serios y destructivos, y que ni siquiera fueron uno de los sectores priorizados bajo el TLC. A pesar de un compromiso declarado de mejorar el pésimo récord laboral de Colombia en el Plan de Acción Laboral, Colombia es todavía el país más peligroso para los sindicalistas, que siguen siendo amenazados y asesinados con impunidad.  Las condiciones laborales permanecen precarias, con el 60 por ciento de la fuerza laboral empleado informalmente y el 30 por ciento de la población viviendo en la pobreza.

Frente a estas cifras, es difícil argumentar que el Plan Colombia sea una solución para la crisis de los refugiados de Centroamérica, pero seguramente los poderosos lobbyists de defensa lo intentarán; de hecho, ya lo hicieron. La ayuda militar estadounidense a Colombia se ha reducido en años recientes, primero con el fin de incrementar la ayudar militar a México para luchar otra fracasada Guerra contra las Drogas como parte del Plan Mérida, y luego redujeron la ayuda a ambos países para priorizar la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés). El desplazamiento de la producción y tráfico de drogas y la violencia que traen consigo (de Colombia a México, y ahora a Centroamérica) es el ejemplo perfecto de la desafortunada política antinarcóticos y anti delito de EE.UU, demostrando muchos más fracasos que éxitos.  Hasta que hagamos responsables a nuestros políticos de reconocerlo, seguiremos viendo miles de niños refugiados llegando a nuestras fronteras.

Another Plan Colombia is no solution for Central America migration crisis

Julia Duranti, Witness for Peace Colombia
While the least-productive Congress in history went on vacation in August without addressing the Central American child refugee crisis, others opined about possible solutions. In an August 5 op-ed in the Los Angeles Times, Luis Alberto Moreno, president of the Inter-American Development Bank, suggested policymakers look further south to Colombia and use the $8 billion Plan Colombia aid package as a model for U.S. assistance to the Northern Triangle countries of El Salvador, Guatemala and Honduras. On August 18, Daniel Runde of the Center for Strategic and International Studies echoed the call in a blog for Foreign Policy.
This is a deeply flawed recommendation for a number of reasons. Plan Colombia was never intended to be a development aid package, but rather a counternarcotics and counterinsurgency strategy at a time when the largest guerrilla insurgency, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), posed a serious risk to the Colombian state. At that time, Colombia was also the world’s top producer of cocaine destined for the U.S. In keeping with the War on Drugs supply-side reduction doctrine, policymakers claimed that by eliminating coca crops—which contain the basic compound needed to process cocaine— rather than reducing the demand for cocaine, they could eradicate the drug problem in the U.S.
They were wrong. While coca production in Colombia initially decreased after Plan Colombia took effect in 2000, it has since stabilized at close to 120,000 acres, and coca cultivation in the neighboring Andean nations of Peru and Bolivia has increased. Nearly fifteen years later, overall cocaine production between the three countries has dropped, but this is a complex phenomenon that also has to do with shifting demand, like reduced cocaine consumption in the U.S.—where heroin use is on the rise. Colombia is still the top supplier of cocaine the U.S., with about 95 percent of the market. Violent groups continue to struggle over access to trafficking routes and processing labs.
The military equipment and training supplied to Colombian state security forces as part of Plan Colombia simply added fuel to the fire in a half-century long conflict for land and natural resources. This conflict involves other armed actors in addition to the guerrillas:  paramilitary death squads, or what the Colombian government now calls “criminal bands.” The Colombian military has a long and storied history of collaborating with these groups to commit some of the worst human rights violations in the 50+ year war, including murders, massacres, forced disappearances, torture and sexual assault.
In a particularly chilling practice known as “false positives,” Colombian military systematically murdered innocent civilians and then dressed them up in guerrilla fatigues, presenting them as enemy kills in order to gain rewards like bonuses and extra vacation time. This practice, it bears mentioning, was developed as part of the “body count” mentality promoted through U.S. training. The Colombian government has opened investigations into 5,000 such cases since the scandal broke in 2005.
It is true that homicides and violent crime have decreased since Plan Colombia began, but only because the conflict has been pushed to the most remote, rural areas of the country. Assassinations have become more targeted as illegal armed actors increasingly rely on threats and forced disappearances, which are harder to classify as politically-motivated crimes. Periods of relative calm in historically violent cities like Medellín and Cali are often the product of the victory of one particular criminal group that then controls the area or truces between rival gangs, rather than better work from law enforcement structures, which continue to at least tacitly support criminal gangs in many areas. Politicians at all levels, from local to national, have been implicated in these narcoparamilitary structures.
Taken together, the aggressive counternarcotics and counterinsurgency agenda pushed by Plan Colombia and funded by U.S. taxpayers has worsened, not improved, Colombia’s human rights crisis. Colombia’s internally displaced population is 5.7 million strong—second in the world only to Syria. The U.S. has never seen a flood of Colombian refugees, but that is because of geographic barriers, not because these refugees don’t exist.
The Free Trade Agreement (FTA) with Colombia, another much-touted growth strategy, has also done little to improve the situation. Colombia´s trade balance with the U.S. has plummeted 200 percent, down from a surplus of $950 million just last year. Meanwhile, the economic growth that Colombia has seen recently is limited to extractive industries, which have serious, destructive environmental impacts, and were not even a target industry under the FTA. Despite stating a commitment to improve Colombia´s abysmal labor rights record under the Labor Action Plan, Colombia is still the most dangerous country in the world for trade unionists, who continue to be threatened and assassinated with impunity. Labor conditions remain precarious, with 60 percent of the workforce employed informally and 30 percent of the country’s population living in poverty.
Faced with these figures, it is hard to argue that Plan Colombia is any kind of solution for the Central American refugee crisis. But powerful defense lobbyists will certainly try; indeed, they already have. U.S. military aid to Colombia has decreased in recent years, first to increase military aid to Mexico to wage a similarly fruitless War on Drugs as part of the Mérida Initiative, and then to decrease aid to both countries in order to prioritize the Central America Regional Security Initiative (CARSI). This shifting production and trafficking of drugs and accompanying violence from Colombia to Mexico to now Central America is the perfect example of U.S. whack-a-mole drug and crime policy at work and illustrates much more failures than successes. Until we hold our policymakers accountable to recognizing that, we will continue to see thousands of migrant children arriving at our borders.

Wednesday, August 27, 2014

Reforma Energética Goza de Mucho Apoyo en EEUU

por Maggie Ervin
el logo que se encuentra en
todas las gasolineras mexicanas
$3.26 mil millones y 2.14 mil millones de dólares. Estas fueron las ganancias de ExxonMobile y Chevron en 2013 respectivamente. Por si estas cifras no significaran mucha alegría para ambas corporaciones, tal vez la noticia de la Reforma Energética implementada en México sí. De hecho, el director ejecutivo de Chevron reaccionó con unas "Felicitaciones" al saber de dicha reforma. Mientras su contraparte en ExxonMobile ya había expresado interés en ésta: "Si el próximo paso permite a ExxonMobile participar, lo hará." 
Y bien lo ha permitido. El 12 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó la Reforma Energética, abriendo las puertas a la privatización de Petróleos Mexicanos, o PEMEX. De tal manera que retendrá su nombre, pero su naturaleza cambiará de manera significativa. 
Celebración en la Cuidad de México en 
1938 tras la nacionalización del petróleo.

El petróleo es el elemento más importante de la economía mexicana, representando  alrededor del 10% del PIB y más del 30% de los ingresos federales. En 1938, el petróleo mexicano fue nacionalizado y las compañías petroleras transnacionales expulsadas. El presidente de entonces era Lázaro Cárdenas, justificó su decisión de la expropiación con estas palabras: "... Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables", así como “trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental”. Esta decisión de Cárdenas gozaba de apoyo popular abrumador a lo largo y ancho de México, lo que contrasta con la reacción hoy en día a la decisión de Peña Nieto sobre la Reforma Energética.


Aquí en Oaxaca, el comerciante Norberto López Santos articuló el escepticismo imperante: "Es otra excusa para engañar a la gente. Siempre nos mienten. Es lo mismo de siempre: los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.” Asimismo, un grupo de organizaciones de justicia social llamado Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios calificó la Reforma como un "despojo territorial legalizado,” refiriéndose a los proyectos de infraestructura eléctrica incluidos en el marco de la nueva ley. “Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca”. De tal manera, los proyectos ya existentes como presas y minas han desplazado a comunidades.


Las promesas de Peña Nieto sobre los beneficios de la Reforma Energética son muy parecidas a las hechas por los entonces Presidentes Salinas y Clinton cuando firmaron el TLCAN: las que afirmaban mejores puestos de trabajo, servicios más baratos, lo que hoy en día no ocurre. En el caso de esta nueva reforma energética, la electricidad y el gas, y más riqueza para todos gracias a la inversión extranjera, en suma es el mismo discurso que prevalece. Sin embargo, como lo ha mostrado el TLCAN en México durante los últimos 20 años, con tal reforma los puestos de trabajo no se mejoraron, ni los servicios se abarataron. Lo que va a reflejar esta nueva reforma es que compañías petroleras no tendrán ninguna obligación de contratar trabajadores mexicanos, la electricidad no se va a abaratar. Las privatizaciones raras veces han supuesto precios más baratos (un ejemplo de ello es lo que aconteció con Enron en California. De hecho hace un par de semanas el gobernador de California Jerry Brown advirtió a México que regulara a las empresas de energía privada o se los "van a comer vivos)". En suma y para terminar, es probable que mayor inversión extranjera signifique una peor distribución de la riqueza. El TLCAN sólo ayudó a 10% de los mexicanos a mejorar sus ingresos, mientras según cifras oficiales, 45% de los mexicanos siguen viviendo en la pobreza, y se estima que 6 millones de campesinos han tenido que migrar durante los últimos 20 años.


Jerry Brown, el Gobernador de California:
"Mano dura" con las petroleras o se los "van a comer vivos".

Al tiempo que muchas élites y políticos mexicanos respaldan la reforma, ésta goza de mucho apoyo al otro lado de la frontera, tanto por las compañías petroleras como por los políticos. El senador republicano Richard Lugar - que antes de perder su escaño en las elecciones 2012 estaba en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado – escribió en uno de sus informes finales: "El no poner en práctica el acuerdo ... sería un gran revés para las relaciones energeticas entre los EEUU y México". Durante su visita a México en febrero de
El Presidente Obama realizó una
visita a Mexico en febrero del 2014
este año, el Presidente Obama felicitó a Peña Nieto por los “extraordinarios esfuerzos que ha hecho…en toda una serie de reformas que prometen hacer que México sea más competitivo y que aumente las oportunidades para la gente de México”. El Secretario del Estado John Kerry por su parte ha formulado que la "seguridad energética" es importante. "Creemos en el futuro de la política energética de este hemisferio ... y eso es exactamente la idea detrás de un programa que hemos creado llamado Conectando las Américas 2022". Esta es una iniciativa regional que fomenta el tipo de inversión del sector privado que contempla la nueva reforma energética mexicana. Por si fuera poco, el interés de los EEUU en el petróleo mexicano va todavía más allá de las alabanzas. Como se puso de manifiesto a través de las filtraciones de Snowden, la NSA espió a PEMEX. Según Glenn Greenwald, periodista quien sacó a la luz estas filtraciones, más que cuestiones del terrorismo o el tráfico de drogas, el interés de EEUU en México en realidad estaba más enfocado en el ámbito de la energía.

Al igual que el TLCAN, la Reforma Energética tendrá consecuencias de corto, mediano y largo plazo en México, como la continuación de una agenda donde la privatización no sólo es una piedra de toque, sino tambien representa la salvación. La pregunta es: Esta reforma, al igual que el TLC, ¿a quién va a salvar?
Pena Nieto en la portada de la revista TIME el 24 de febrero dle 2014. 
La portada fue ampliamente burlada en México, y 
provocó una cantidad sin precedentes de memes.





Mexican Oil Privatization Finds Support in U.S.

by Maggie Ervin



Petróleos Mexicanos logo found
in every gas station in Mexico
$32,600,000,000. $21,400,000,000. (You might have to count the zeros carefully to make sense of these numbers. That's 3.26 billion and 2.14 billion.) These were the earnings of ExxonMobile and Chevron in 2013, respectively. If this news didn’t already have them giddy, the Energy Reform passed last week in Mexico just might. In fact, Chevron’s CEO reacted to it with a “Congratulations,” while his counterpart at ExxonMobile had already expressed interest in the Reform: “If the next step provides an avenue for ExxonMobil to participate, we will.” 

Indeed it has. On August 12th, President Enrique Peña Nieto signed the Energy Reform into law, opening the doors to privatization of Mexican oil. With the Reform, PEMEX - or Petróleos Mexicanos - will retain its name, but its nature will change significantly.

Celebration in Mexico City in 1938
following the nationalization of oil.
Petroleum is the single most important element of the Mexican economy, accounting for about 10% of GDP and over 30% of the federal revenue. In 1938, Mexican oil was nationalized and transnational oil companies kicked out. The president at the time was Lázaro Cardenas, who justified his position with these words:  “…oil companies have enjoyed great privileges…including customs and tax exemptions and innumerable prerogatives,” as well as “miserably underpaid native labor; tax exemptions; economic privileges; governmental tolerance." Cardenas’ decision enjoyed overwhelming popular support in Mexico. Perhaps it’s not surprising then, that Peña Nieto’s does not

Here in Oaxaca, shopkeeper Norberto Lopez Santos articulated the prevailing skepticism: "It's another excuse to deceive the people. They're always lying to us. But it's the same thing: the rich always getting richer and the poor always getting poorer." A group of social justice organizations called Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (Oaxacan Land Defense Collective) denounced the Energy Reform as a "legalized land grab," referring to the electricity infrastructure projects included in the law. "An example of displacement can be seen in other projects in Oaxaca state," it wrote, and went on to cite dam projects and mines which have displaced entire communities.


Pena Nieto’s promises of what the Energy Reform will bring sound a lot like President Salinas’ (and Bill Clinton’s, for that matter) when he signed NAFTA: Better jobs, cheaper products (in this case, electricity and gas), and increased wealth thanks to foreign investment. But as NAFTA has shown Mexico over the last 20 years, the jobs won’t necessarily get better (oil companies will have no obligation to hire Mexican workers); electricity won’t get cheaper (past privatization has rarely meant cheaper prices for consumers, i.e., Enron in California. Indeed, just before the reforms passed, Governor Jerry Brown warned Mexico to regulate private energy companies or "they will eat you alive"). Lastly, foreign investment may increase, but again as with NAFTA, it will likely mean worse distribution of wealth. In fact, despite increased foreign investment, NAFTA only helped 10% of Mexicans increase their standard of living, while 45% of Mexicans remain poor, and an estimated 6 million small farmers have had no choice but to migrate. 


Jerry Brown warning Mexican lawmakers to enact a strict regulatory
 policy on foreign oil and gas companies or "they will eat you alive."
While many Mexican elites and politicians back the Energy Reform, it also enjoys plenty of support from both energy companies and politicians across the border. Republican Senator Richard Lugar - who before losing his seat in 2012 elections was on the Senate Foreign Relations Committee - was focused on the issue, and  in one of his final reports wrote: “Failing to implement the deal…would be a major setback for U.S.-Mexico energy relations.” During Obama’s visit to Mexico in February of this year, he congratulated Peña Nieto for the “outstanding efforts that he’s made…on a whole range of reforms that promise to make Mexico more competitive and increase opportunity for the people of Mexico.”  John Kerry has framed the issue as "energy security": "We
Obama's visit to Toluca,
Mexico State in February 2014
believe in this future of energy policy for this hemisphere…and that’s exactly the idea behind a program that we have created called
Connecting the Americas 2022.” This is is a regional initiative that encourages exactly the type of private sector investment embedded in the new Mexican law. But the U.S.’s interest in oil goes beyond praise and policies. As revealed through the Snowden leaks, it turns out that NSA spied on PEMEX. According to Glenn Greenwald, more than issues of terrorism or the drug trade, the NSA's interest in Mexico actually lay more in the realm of energy. 

Like NAFTA, the Energy Reform will have far-reaching consequences in Mexico, a continuation of an agenda where privatization is not only a touchstone, but held up as a savior. The question is -  like the free trade agreement before it - who will it save?

Enrique Peña Nieto on the cover of TIME, Feburary 24, 2014. 
The cover was widely mocked throughout Mexico, 
and sparked an unprecedented number of memes.


Wednesday, August 13, 2014

Cuarenta Días en el Desierto - por David Wanish


"Cuarenta días en el desierto" describe tanto a Jesús Cristo al comienzo de su ministerio, como a la comunidad cristiana durante la Cuaresma. Para mí, de ahora en adelante, también describirá a los migrantes que enfrentan un peligroso viaje a través de México cuando van en rumbo a los Estados Unidos. Durante una delegación con la organización Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace en inglés), aprendí que los migrantes que empiezan su viaje en el sur de México o en Centro América, pueden tardar uno o dos meses para llegar a Estados Unidos.  Este viaje con frecuencia incluye caminatas a través de tramos aterradores del desierto.


Una franja muy pequeña del enorme desierto mexicano.

Durante la delegación, que tuvo lugar en el estado mexicano de Oaxaca, visitamos a un refugio para migrantes, patrocinado por la Iglesia Católica, que ofrece alimentos, atención médica, e información útil a los que buscan desesperadamente una vida mejor para sus familias. Algunas de las necesidades más comunes que tienen los migrantes que pasan por ahí son nuevos zapatos (porque se gastan rápidamente), y tratamiento médico para sus piernas, que tienen ampollas o cortadas como resultado de haber caminado tantos kilómetros a través de las plantas espinosas y de la naturaleza. Algunos migrantes mueren y algunos desaparecen en el camino.


Los delegados llegan a COMI, un refugio para
migrantes que se encuentra en la cuidad de  Oaxaca

La mayoría de los migrantes salen de sus comunidades por razones económicas. Creo que son ellos a quienes el Papa Francisco tenía en mente en su reciente exhortación apostólica, cuando describió una economía de exclusión. "Las masas se encuentran excluidas y marginadas: sin trabajo, sin posibilidades, sin ningún medio de escape" (La Alegría del Evangelio, número 53)

Papa Francisco


Las personas de Oaxaca que visitamos durante la delegación  se han sentido excluidas de las decisiones que las afectan, incluyendo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora con 20 años de vigencia. Este acuerdo dio lugar a más exclusión: la eliminación de subsidios para la agricultura y la pérdida de la protección constitucional de sus tierras comunales. Esto último ha permitido a las empresas extranjeras comprar sus tierras y ha resultado en la explotación tanto de personas como de recursos.

Un paisaje en Teotitlán del Valle, un pueblo cerca de Oaxaca.
Muchos de sus ciudadanos viven en los Estados Unidos. 

Para muchas personas, la única opción es la migración. Nuestro grupo tuvo la oportunidad de quedarse en un pueblo donde la mayoría de las familias tienen al menos un miembro que ha emigrado a los EE.UU. Aunque los migrantes envían remesas a sus familias, su ausencia crea problemas en las comunidades, como por ejemplo el desequilibrio entre el número de hombres y mujeres en la comunidad (la mayoría de los migrantes son hombres), y la separación de los miembros de la familia.


Un muro en COMI: "Justicia para Migrantes".

El Papa señaló que la exclusión económica depende de la "globalización de la indiferencia", donde el sufrimiento de nuestros vecinos ya no nos conmueve (La Alegría del Evangelio, # 54). ¡Vamos a despertarnos! La tasa de la migración de Latinos hacia el norte es una señal de que la balanza de la justicia está desequilibrada. Encontremos la compasión para ayudar a los inmigrantes, y en solidaridad tratemos de aprender más acerca de por qué están aquí.


Para más información sobre las delegaciones a México: http://witnessforpeace.org/section.php?id=108




Forty Days in the Desert - by David Wanish


“Forty days in the desert” describes Jesus at the start of his ministry and the Christian community during Lent.  For me, henceforth, it will also bring to mind migrants who make a dangerous journey through Mexico to the United States.  I learned on a tour with the organization Witness for Peace that the trip for those who start in southern Mexico or Central America can take one to two months and often includes walking through treacherous stretches of desert.


A tiny swath of the huge Mexican desert.

The delegation I attended, based in the southern Mexican state of Oaxaca, included a visit to a Church-sponsored migrant shelter which offers food, medical care, and helpful information to those desperately trying to attain a better life for their families.  Some of the most common needs they have include replacements for their worn-out shoes, and treatment for their legs, which are badly blistered and cut from walking many miles through sharp plants in the wilderness.  Some die, and some disappear on the way.



The delegation arrives at COMI, the migrant shelter in Oaxaca, Mexico.

They leave mostly for economic reasons.  I believe their homelands are what Pope Francis had in mind when, in his recent apostolic exhortation, he described an economy of exclusion.  “Masses of people find themselves excluded and marginalized:  without work, without possibilities, without any means of escape” (The Joy of the Gospel #53).  


Pope Francis

The people of Oaxaca whom we visited have felt excluded from decisions that affect them, including the negotiations of the North American Free Trade Agreement, now 20 years old.  This resulted in more exclusion:  a removal of agricultural support and even the loss of the Constitutional protection of their communally-owned land. The latter has enabled foreign companies to buy their land and has often led to exploitation of people and resources.

For many, the only option is migration.  Our group had the opportunity to stay in a city where most families have at least one member who has migrated to the US.  While migrants send remittances home, their absence leads to further problems for their communities, like an imbalance of men and women (most migrants are male) and the separation of family members.

A view outside of the Teotitlan del Valle, 
town near Oaxaca. Many of its citizens live in the U.S.

The pope observed that economic exclusion is sustained by a “globalization of indifference,” where suffering of neighbors no longer moves us (The Joy of the Gospel, #54).  Let us be awakened!  The migration rate of Latinos northward is a sign that the scales of justice are out of balance.  Let us in compassion reach out to them, and in solidarity seek to learn more about why they are here.


A wall at COMI shelter: "Justice for Migrants."


For information on joining a delegation to Mexico: http://witnessforpeace.org/section.php?id=108